Líos judiciales de familiares de los presidentes de Senado y Cámara
Tal como estaba previsto, las presidencias del Senado y la Cámara estarán ocupadas por Juan Diego Gómez (conservador) y Jennifer Arias (Centro Democrático), congresistas de la coalición de gobierno. Así lo decidieron las mayorías este 20 de julio, honrando los acuerdos políticos a los que se había llegado.
Más allá de los factores políticos y la importancia de que el Gobierno tenga aliados en las presidencias de ambas corporaciones, ambos nombres llegaron en medio de agudas polémicas, especialmente por los líos judiciales de algunos de sus familiares.
En el caso de la nueva presidenta de la Cámara, la representante Arias, según una investigación de la Fundación Pares, tiene uno de sus familiares condenados por narcotráfico en Estados Unidos. Se trata de su hermano Andrés Eduardo Arias Ochoa, quien aceptó cargos por tráfico de drogas en 2008.
Arias Ochoa habría caído por una trampa que le tendió un agente infiltrado de la DEA. “Arias le pide la cocaína a la fuente y esta le pide que le muestre el dinero, este lo lleva hacia su carro y le muestra un sobre blanco con alrededor de 15.000 dólares en billetes de 100 y de 20 dólares. Inmediatamente después, Arias fue capturado por la DEA”, reseña el informe.
La investigación también habla de su padre, Luis Eduardo Arias Castellanos, quien fue condenado por homicidio el 21 de enero de 1993. La condena fue de 40 meses por el asesinato con arma de fuego de un hombre en la ciudad de Villavicencio.
Por los lados del senador Juan Diego Gómez, que presidirá el Congreso hasta el 20 de julio del próximo año, se dice que su padre fue condenado a ocho años de prisión por fraude procesal, falso testimonio y obtención de documento público falso por supuestamente haberse apropiado de un predio de 33.000 metros en Bello, municipio de Antioquia.
Así lo señala un informe de la llamada Liga contra el silencio, apoyado por Voragine: “el padre del senador, Orlando de Jesús Gómez Botero, alias la Ballena, fue condenado en 2012 a ocho años por la Corte Suprema de Justicia, por apropiarse ilegalmente de tierras en Niquía, también en Bello. Gómez Botero murió en 2013 en la cárcel”.
Ambas elecciones han sido criticadas por sectores alternativos, que consideran que esto contribuye a afectar aún más la mala imagen del Congreso.
Fuente de información, texto y fotografía EL TIEMPO
