Si la Constructora Amarilo demandara al municipio, Facatativá tendría que pagar un billón de pesos afirmó el exalcalde municipal Pablo Malo García
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Lo que no exponen los denunciantes en las redes sociales es que SI el municipio fuera demandado por la Constructora Amarilo tendría que pagar a esta empresa un total de 1 billón de pesos, así lo informó el exacalde Pablo Malo García el 23 de febrero del año 2017 en rueda de prensa. (MIRAR VIDEO EN EL MINUTO 14:32 )
Facatativá no tiene los recursos necesarios para pagar dicha deuda, recordemos que son las administraciones municipales las encargadas de otorgar las licencias de construcción, de no cumplir con la normatividad adecuada podrían estar incurriendo en lo que se conoce popularmente como el volteo de tierras, esta licencia fue otorgada a la constructora Amarilo durante la Administración de Orlando Buitrago, además de ello se generaría una crisis social por las familias que actualmente habitan estas viviendas .
Según información publicada en redes sociales la alcaldía perdió un proceso de nulidad, donde imposibilita a la constructora Amarilo para seguir construyendo, así mismo expresan los denunciantes que esto se genera por violar los acuerdos de protección ambiental concertados previamente con la CAR.
Aseguran que está pendiente la decisión de una acción popular la cual obligaría al municipio y a la constructora Amarilo a restituir el espacio público que ocuparon para construir las viviendas, lo que no expresan los denunciantes es que el dinero lo tendrían que pagar los mismos facatativeños si la constructora decide demandar al municipio por incumplimiento de la licencia, así mismo tampoco informan lo que deberán hacer las familias que residen en estas viviendas, tendrán que entregar sus apartamentos queda esa gran interrogante .
La Raíz de la problemática
A pesar de que la Ley 1537 de 2012 establece que las incorporaciones de territorio hechas por los POT tienen como fin único garantizar el desarrollo de programas de vivienda de interés social, en 2014 el municipio incorporó el predio La Guapucha, de 230.000 metros cuadrados, con el propósito de construir más de 3.600 viviendas de las cuales 42,73 por ciento no serían de interés social.
Además de esta irregularidad, el informe técnico n.º DRSP 476 expedido por la CAR en 2015 señala que La Guapucha hace parte integral de la microcuenca Mancilla, clasificada como suelo de uso agropecuario intensivo. Con ese informe quedó en evidencia que la incorporación habría vulnerado otra norma de la ley mencionada, según la cual los predios incorporados para vivienda de interés social no podrán colindar ni estar ubicados en áreas de conservación y protección ambiental e importancia ecosistémica. Las veedurías de Facatativá ganaron una acción popular con la que se suspenden temporalmente la incorporación y las obras en la Guapucha.
Varios veedores consultados por LA REVISTA SEMANA insisten en que, además de las irregularidades en la incorporación del predio, también preocupa a los habitantes el déficit de acueducto y alcantarillado. Construir casi 5.000 viviendas de una sola vez, sin expandir previamente esos servicios, puede generar una crisis en la medida en que –como Facatativá no tiene una fuente hídrica propia– debe comprarle agua a Bogotá. Fuente de información y texto Revista Semana.
