¿Recursos del terremoto terminarán en megacárceles?
La denuncia de la representante a la Cámara María del Mar Pizarro pone sobre la mesa una pregunta que merece respuestas claras: ¿hasta dónde puede llegar el Gobierno Nacional al utilizar los recursos destinados a atender la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto de 2026?
Pizarro cuestionó la inclusión, según su denuncia, de la expresión “infraestructura penitenciaria de mayor capacidad” dentro del decreto de emergencia. Para la congresista, esta disposición podría abrir la puerta a utilizar recursos excepcionales para ampliar la infraestructura carcelaria, una política que —sostiene— debería financiarse mediante el presupuesto ordinario y no con recursos destinados a la reconstrucción.
Las prioridades deberían estar claras: viviendas para las familias damnificadas, colegios, hospitales, vías e infraestructura afectada por el terremoto.
La congresista fue contundente al preguntar si estos recursos podrían terminar financiando las anunciadas megacárceles, y pidió al Gobierno Nacional explicar con precisión qué recursos serán utilizados, cuánto dinero está comprometido y cuáles serán las obras financiadas.
El cuestionamiento también tiene una dimensión jurídica. Pizarro advierte que incorporar proyectos estructurales que no tengan una relación directa con la emergencia podría generar controversias ante la Corte Constitucional y eventualmente poner en riesgo la ejecución de algunas obras.
Además, la representante expresó preocupación por el eventual uso del Fondo de Estabilización, al considerar que constituye una reserva fundamental para responder ante futuras emergencias.
Una pregunta que exige transparencia
En una emergencia nacional, cada peso debería estar sometido al máximo escrutinio público.
Si existen cárceles afectadas por el terremoto, su recuperación puede resultar necesaria. Pero una cosa es reparar infraestructura dañada y otra muy diferente utilizar la emergencia como oportunidad para impulsar una política de expansión carcelaria.
Por eso, el debate planteado por Pizarro merece respuestas concretas: ¿cuánto dinero irá realmente a los damnificados y cuánto podría terminar en infraestructura penitenciaria?
La representante anunció un debate de control político para pedir explicaciones sobre las partidas y mecanismos de ejecución.
La reconstrucción debe tener como prioridad a quienes lo perdieron todo. Y los colombianos tienen derecho a saber dónde terminará cada peso.Fuente de información, texto y fotografía: Infobae.
