Abelardo impulsa ley de sometimiento y crecen las críticas por rebajas de penas
La aprobación en el Congreso de la nueva ley de sometimiento promovida por el gobierno de Abelardo de la Espriella desató fuertes cuestionamientos de sectores de oposición y organizaciones políticas, que advierten sobre posibles beneficios para integrantes de estructuras criminales y riesgos para el derecho constitucional a la protesta.
La iniciativa contempla rebajas de hasta el 50 % de las penas para integrantes de organizaciones criminales y reducciones de hasta el 30 % para quienes hayan ejercido funciones de liderazgo dentro de esas estructuras. Para sus defensores, la medida busca incentivar el sometimiento a la justicia y facilitar el desmantelamiento de organizaciones ilegales. Sus críticos, sin embargo, consideran que los beneficios podrían terminar favoreciendo a responsables de delitos graves.
La aprobación se produjo durante la noche del 3 de noviembre. El Senado respaldó el proyecto con 57 votos y la Cámara de Representantes lo aprobó con 95 votos a favor y 10 en contra. El texto quedó pendiente de sanción presidencial.
Uno de los principales puntos de controversia está precisamente en las rebajas de penas. Sectores opositores cuestionan que una administración que ha defendido un discurso de mano dura termine impulsando beneficios que podrían reducir de manera significativa las condenas de integrantes de organizaciones criminales.
También existe preocupación por los posibles beneficios para personas vinculadas al narcotráfico y por la manera en que se aplicarán las condiciones establecidas en la ley. Aunque corresponderá a los jueces determinar quiénes cumplen los requisitos, la discusión política se concentra en si los incentivos realmente contribuirán a desarticular las estructuras criminales o si terminarán generando espacios de impunidad.
Otro de los puntos más sensibles está relacionado con la definición de organizaciones armadas ilegales o terroristas. La oposición cuestiona que los criterios establecidos puedan ser interpretados de manera amplia y advierte que una clasificación discrecional podría afectar derechos fundamentales.
La representante María Fernanda Carrascal cuestionó las facultades relacionadas con la clasificación de estas organizaciones, mientras que Gabriel Becerra advirtió sobre el riesgo de que determinadas disposiciones puedan utilizarse contra sectores que ejercen el derecho a la protesta.
Este punto ha generado especial preocupación porque cualquier interpretación que permita equiparar una manifestación pacífica con una estructura terrorista tendría graves consecuencias para las libertades ciudadanas. Por ahora, se trata de una alerta planteada por sectores opositores y será la aplicación concreta de la norma la que determine su alcance.
La ley también elimina la posibilidad de una negociación política con organizaciones armadas y establece el sometimiento judicial como mecanismo para su desmovilización. Esto marca una diferencia importante frente al modelo de Paz Total impulsado durante el gobierno de Gustavo Petro.
Sus defensores sostienen que el nuevo esquema busca cerrar la puerta a negociaciones políticas con estructuras criminales y establecer condiciones jurídicas para su sometimiento. Sus críticos consideran que eliminar completamente las alternativas de diálogo podría dificultar la resolución de conflictos armados prolongados en determinadas regiones.
La iniciativa recibió respaldo de sectores del Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido Liberal, Cambio Radical, La U y Salvación Nacional. Durante el trámite legislativo también fue eliminada una disposición que contemplaba facultades especiales de contratación con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
El debate, sin embargo, está lejos de terminar. La aplicación de las rebajas de penas, la protección de las víctimas y los criterios para determinar qué organizaciones pueden ser consideradas terroristas serán algunos de los principales puntos de vigilancia.
La gran pregunta es si la ley logrará golpear realmente a las estructuras criminales o si, como advierten sus críticos, terminará convirtiéndose en una puerta para beneficios penales que contradicen el discurso de mano dura que acompañó la llegada de Abelardo al poder.
También estará bajo la lupa la protección del derecho a la protesta. Cualquier aplicación abusiva de la norma podría generar un conflicto directo con las garantías constitucionales de quienes se manifiestan pacíficamente.
Fuente de información, texto y fotografía: Al Punto.
