Corte Suprema ordena proteger derecho a protesta ante agresiones sistemáticas
En un fallo histórico en el que da una serie de órdenes para proteger las protestas pacíficas, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia aceptó una tutela presentada por varios ciudadanos que consideran que de parte del Gobierno y del Esmad ha habido «sistemáticas agresiones» que amenazan su derecho a manifestarse y que restringen su posibilidad de protestar y cuestionar al Gobierno, sin violencia.
En esta decisión de 171 páginas, el alto tribunal ordena al Gobierno de Iván Duque desplegar varias medidas como reestructurar el uso de la fuerza, suspender las escopetas calibre 12 de uso del Esmad, y al Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo ofrecer disculpas públicas por excesos en el Paro Nacional del año pasado.
Así, la Corte protegió los derechos a la libertad de expresión y al de la protesta pacífica y no violenta, y censuró «todas las formas violentas e irracionales de formular reclamos para la protección de derechos», haciendo un llamado por la convivencia, la tolerancia y la no violencia.
En este fallo la Corte no pudo tener en cuenta los hechos del pasado 9 y 10 de septiembre -jornadas en las que se denunciaron supuestos disparos indiscriminados por parte de la Policía a manifestantes- ya que estas situaciones no hicieron parte de la tutela inicial que se planteó ante el alto tribunal.
La Sala de Casación Civil dio estas órdenes al resolver una impugnación contra un fallo de tutela en el que varios ciudadanos afirmaron que el Gobierno y la Fuerza Pública estaban limitando su derecho a manifestarse y protestar. En su tutela, los ciudadanos reclamaron la protección de sus derechos a la protesta pacífica, la participación ciudadana, la vida, integridad personal, el debido proceso, libertades de expresión, reunión, circulación y movimiento presuntamente amenazadas por la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, entre otros.
Según su tutela, desde el año 2005 frente a las protestas y manifestaciones pacíficas el Estado ha desplegado conductas constantes, reiterativas y persistentes para «socavar, desestimular y debilitar su derecho a expresarse sin temor».
Al revisar los argumentos, pruebas y elementos que aportaron los ciudadanos que elevaron la tutela -entre los que se encuentran estudiantes, profesores, líderes de opinión, entre otros- la Corte encontró que el Gobierno y la Policía han vulnerado los derechos a la protesta libre y pacífica, ante las actuaciones arbitrarias y violentas para impedir manifestaciones. También, al estigmatizar a quienes «de manera moderada» salen a cuestionar, refutar y criticar las labores del Gobierno.
Además, el alto tribunal les dio la razón en que el Gobierno ha procedido con desproporción con el uso de armas letales y químicas, y ha detenido de forma arbitraria, ilegal o abusiva a quienes ejercen su derecho a la manifestación. También ha protagonizado ataques contra la libertad de expresión y de prensa en dichas manifestaciones.
Para llegar a esta conclusión, el alto tribunal evaluó que ha habido una pluralidad de víctimas de agresiones en medio de protestas, así como una relación de ataques a las manifestaciones que no son aislados. Así, basándose en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y el Derecho Penal Internacional, dijo que en Colombia se puede evidenciar una sistematicidad en la represión a las protestas pacíficas.
Sobre el fallo, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, expresó en la tarde de este martes que van a estudiar a profundidad la totalidad del texto de la sentencia para tener «de ese estudio juicioso, tranquilo y detallado, una posición sobre el particular que será dada a conocer a la opinión pública».
El ministro reiteró que la fuerza pública debe proteger la vida, derechos y libertades, la integridad, bienes y honra de los residentes en Colombia. Estos incluyen los derechos de las personas que participan en las manifestaciones públicas y pacíficas, así como los de quienes no lo hacen.
También reiteró que la actuación del ESMAD se produce exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delito, atentan contra los derechos de las personas y no son manifestaciones pacíficas.
“El Gobierno Nacional seguirá enfrentando al vandalismo y todas las formas de violencia y terrorismo, como es su obligación constitucional (…) solicitaremos respetuosamente a la Corte Constitucional la selección para la revisión del fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 22 de septiembre de 2020”, dijo Holmes.
Fuente de información llanosietedias.com y caracol Radio
