ONU advierte que 57.000 damnificados del terremoto podrían quedarse sin ayuda humanitaria bajo el gobierno de Abelardo
La emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto continúa generando preocupación en Colombia. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de Naciones Unidas, advirtió que al menos 57.000 personas afectadas podrían quedarse sin asistencia humanitaria debido a la falta de financiación para atender sus necesidades básicas.
Según el organismo internacional, de los 30 millones de dólares solicitados para responder a la emergencia, solamente se habían conseguido 6,5 millones al 15 de octubre. Los recursos disponibles permitirían atender aproximadamente a 43.000 personas, frente a una meta inicial de 100.000.
Una emergencia que sigue sin resolverse
Dos meses después del sismo, alrededor de 2.700 personas permanecían en alojamientos temporales y más de 286.000 niños y adolescentes continuaban estudiando en instalaciones provisionales. El desastre afectó a cerca de 487.000 personas y ocasionó graves daños en viviendas, infraestructura y servicios esenciales.
La situación podría agravarse por los riesgos asociados al fenómeno de El Niño, entre ellos la escasez de agua, los incendios forestales y la pérdida de medios de subsistencia. Para las familias que todavía intentan reconstruir sus vidas, la falta de recursos representa una dificultad adicional.
¿Quién responde por la atención a los damnificados?
La advertencia de la OIM pone sobre la mesa preguntas urgentes sobre la financiación de la emergencia y la coordinación entre el Gobierno nacional, las autoridades territoriales y los organismos internacionales.
La ciudadanía necesita conocer cuánto dinero ha destinado el Gobierno a la atención de las víctimas, qué recursos se han ejecutado, cuáles programas continúan pendientes y qué medidas se adoptarán para evitar que miles de familias queden por fuera de la asistencia prevista.
Aunque el déficit señalado corresponde al llamamiento humanitario de la OIM y no demuestra por sí solo una falla atribuible exclusivamente al Gobierno, las autoridades deben explicar de manera transparente qué están haciendo para cubrir las necesidades que siguen sin respuesta.
Los damnificados no pueden quedar en segundo plano
La prioridad debe ser garantizar alojamiento seguro, acceso a agua potable, atención sanitaria y condiciones dignas para las personas afectadas. Los anuncios institucionales necesitan traducirse en resultados concretos, con recursos identificables, plazos claros y seguimiento público.
La alerta de Naciones Unidas es un llamado urgente a los donantes y a las instituciones responsables de la respuesta humanitaria. Mientras se buscan nuevos recursos, miles de familias siguen esperando soluciones para superar una tragedia que todavía no termina.
Fuente de información, texto y fotografía: Al Punto.
