El 83 % de los ciudadanos quieren reforma de la Policía

Se presentaron resultados de la encuesta: ‘Policía, seguridad y convivencia en Bogotá’.

Mientras el Distrito y el Gobierno Nacional acatan un fallo del pasado 24 de septiembre del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que les ordenó constituir una mesa de urgencia en la que se definan soluciones, a corto, mediano y largo plazo, para la violencia entre la Fuerza Pública y la población civil, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte presentó los resultados de la encuesta: ‘Policía, seguridad y convivencia en Bogotá’, que, entre otros, revela que el 83 % de los ciudadanos quieren una reforma de la Policía.

La necesidad de saber qué pensaban los ciudadanos se reafirmó luego de los actos de intolerancia de los días 9 y 10 de septiembre, en medio de las protestas por el asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez, a manos de unos policías, y se materializó ayer con la presentación oficial de los resultados.

Otros datos que arrojó la encuesta afirman que 7 de cada 10 habitantes de Bogotá dicen que nunca se justifica el uso de la violencia en las manifestaciones por parte de la ciudadanía ni de la policía.

La idea era conocer información de interés de los ciudadanos, en el marco del desarrollo de las campañas comunicacionales, políticas públicas, programas y proyectos que adelanta la Administración Distrital. En esta medición, la temática abordada fue la gestión y accionar de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Se encuestó a personas de 18 y más años edad que residen en las zonas urbanas de 19 localidades. En total fueron 600 hogares. Se inició el 17 de septiembre de 2020 y terminó el 18 del mismo mes. Uno de los resultados más importantes señala que el 75 % de las personas que habitan Bogotá dicen que nunca se justifica el uso de la violencia en las manifestaciones por parte de la ciudadanía.

Llamó la atención que el 30 % de las personas que habitan Bogotá dicen que, en el marco de una manifestación, se justifica bloquear las vías. “Pero cuando se trata de incendiar un CAI, lanzar piedras contra la policía y causar daño a un bus de TM, menos del 5 % de la población justifica estas acciones”, dijo Henry Murrain, director de Cultura Ciudadana del Distrito.

Respecto a la forma de contener las manifestaciones por parte de la policía, 6 de cada 10 habitantes rechazan el uso de gases lacrimógenos o de la fuerza corporal por parte de la policía. Cuando se refiere al uso de armas de fuego, más del 90 % de la ciudadanía rechaza esa acción.

Preocupa que la confianza en la Policía ha disminuido progresivamente en los últimos diez años. “El porcentaje de personas que decían sentir mucha o muchísima confianza pasó del 43 % en 2008 al 20 % en 2018”, agregó Murrain.

Más de la mitad (56,3 %) de los capitalinos afirman estar insatisfechos o muy insatisfechos con la gestión de la institución. “Cuando se les pregunta qué podría hacer esta para fortalecer la confianza, cerca de la mitad de la ciudadanía (48,9 %) dice que judicializar a los responsables, y un cuarto (23,5 %) de la población, que reconozcan públicamente los errores que cometieron y pidan perdón”, dijo Murrain.

La mayoría de los capitalinos (83,0 %) consideran necesaria una reforma a la Policía por los constantes abusos.

¿Qué reforma se pide?

La ciudadanía prioriza que se debería buscar la garantía de los derechos de los ciudadanos (40,6 %), pues 4 de cada 10 personas que viven en la ciudad creen que la Policía no es respetuosa de los derechos humanos.

También opinan que hay que darle a la institución un enfoque de derechos humanos (65,8 %), apoyar en su capacitación y proceso de formación (42,3 %) y que se les asegure apoyo psicosocial a los miembros de la institución (40,4 %).

Vale la pena resaltar que, según la última encuesta de percepción del programa Bogotá Cómo Vamos, los ciudadanos dicen que para resolver los conflictos acudieron, en su orden, a la estación de Policía (30 %), la Fiscalía (18 %), otra entidad (17 %), comisaría de familia (15 %), juzgados (13 %) y casa de justicia (12 %).

Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, dijo que para cumplir el fallo del Tribunal se debe reconocer la gravedad de los hechos ocurridos. “Así como se hizo en el caso de Javier Ordóñez, se debe buscar celeridad de la Fiscalía, del Ministerio de Defensa y de la Policía, para que haya verdad y justicia, esclareciendo lo ocurrido”, dijo el funcionario.

Las propuestas del Distrito son reforzar la formación de la Policía Metropolitana en ética y derechos humanos, y ordenar neutralidad ante las manifestaciones no violentas. Además, establecer mesas de trabajo que sesionen mínimo una vez al mes y les hagan seguimiento a la Policía y el Esmad, garantizando el ejercicio de derechos como la libertad de expresión.

Por su parte, el Gobierno presentó un borrador que hace énfasis en la capacitación del uso de la fuerza por medio de las Escuelas de Policía. También señala que ninguna persona será sometida a torturas ni a penas o a tratos crueles ni inhumanos.

Hay que recordar que el concejal de la Alianza Verde Diego Cancino habló fuerte sobre los hechos de violencia que protagonizaron miembros de la Metropolitana. “Según Medicina Legal y la Policía Cívica de Mayores de la Mebog, ha perpetrado 45 violaciones sexuales y 10.071 agresiones físicas en Bogotá entre 2019 y 2020; 82 % de esas víctimas de agresión fueron contra jóvenes. ¿No es esta una policía paramilitarizada?”, se cuestionó el cabildante.

Fuente de información, texto y fotografía El Tiempo

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